En España, como todos sabemos, la compra de una propiedad conlleva el pago de impuestos tras la firma de la correspondiente escritura, concretamente: IVA y AJD para viviendas de obra nueva e ITP* para viviendas de segunda mano. El método utilizado para el cálculo de este último ha cambiado desde que el pasado 1 de enero de 2022 entrara en vigor la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude, que incluía una modificación de la base imponible utilizada para el cálculo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Hasta esa fecha, la base imponible utilizada era el valor real de la compraventa declarado en la escritura, a menos que las autoridades fiscales pudieran demostrar que el valor de mercado fuese mayor.
Con el fin de reducir los procesos judiciales derivados de estos casos, la nueva ley ha introducido un “valor de referencia” que se utilizará como base imponible para el cálculo de los tributos mencionados anteriormente. Esto significa que, si por ejemplo, antes en la Comunidad Valenciana había que pagar un 10% del valor de compraventa de la propiedad en concepto de ITP, ahora habremos de pagar el 10% del “valor de referencia”. Este valor será determinado por la Dirección General del Catastro basándose en los precios de las compraventas declarados ante notario y teniendo en cuenta la ubicación y el tipo de inmueble. Sin embargo, no tendrá en cuenta el estado del mismo ni, por ejemplo, si es necesaria una reforma que implique una devaluación del precio, por lo que es posible que el valor de referencia sea, en ciertos casos, muy superior al precio de mercado. En todo caso, los compradores pueden reclamar, aportando pruebas, si consideran que este valor es superior al valor de mercado, aunque la propia Dirección General del Catastro afirma que este valor no superará el de mercado y que para ello se aplicará un factor de minorización.
*La tributación del ITP en la Comunidad Valenciana en el momento de escribir esta entrada es el 10%